Cada Vez Menos Gente Litiga Contra La Administración

16/02/2019 16:51 - Actualizado: 18/02/2019 10:03

Saltarse un stop acarrea una multa de doscientos euros. Sin embargo, a un valisoletano que conducía por Segovia, la broma le ha costado —por el momento— 760 euros: los de la sanción más otros 560 por haber perdido la demanda que presentó contra al considerar injusta la infracción. "Se desplegaron medios técnicos para probar que el agente no podía haber visto la presunta infracción, pero al final su palabra predomina, gracias a la consabida presunción de veracidad de los agentes", explica el letrado que llevó la defensa del conductor.

La sorpresa vino una vez desestimada la demanda del conductor, cuando el abogado del Estado se impuso unos honorarios que triplicaban la propia sanción, como informó . A causa de las impulsadas en 2011 por , el criterio para imponer costas en la jurisdicción contencioso-administrativa cambió del tradicional de la temeridad al del vencimiento. Es decir, se pasó del 'quien denuncia sin fundamento paga' a, directamente, 'quien pierde paga'. "El ciudadano no se puede proteger cuando tiene que demandar a la Administración, puesto que sería de locos —como ya lo es hoy— procurar defenderse frente a actos de la Administración, muchas veces arbitrarios o bien exagerados", denuncia el letrado, que solicita permanecer en el anonimato.

Cada año se registran prácticamente dos millones de casos menos en la vía penal y, no obstante, tardan un 45 por cien más en resolverse y cada vez hay más gente con antecedentes, ¿por que?

A tenor de la información compendiada por El Confidencial de los anuarios de la del Consejo General del Poder Judicial (), este conductor ha sido uno de los pocos valientes que en los últimos años se ha atrevido a pelear contra las instituciones en los tribunales. Desde dos mil once, los procedimientos presentados cada año en la vía del contencioso-administrativo han disminuido un treinta y dos por cien (de 290.000 a 196.000), lo que ha motivado por su parte que la cola judicial en esta jurisdicción se haya reducido a la mitad en estos 8 años (de trescientos ochenta casos amontonados a 186.000). Ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerios han sido los grandes beneficiados de las medidas para reducir la litigiosidad, puesto que cada vez menos españoles se atreven a recurrir judicialmente las decisiones de la Administración ante el riesgo de ser condenados en costas.

La Ley 37/2011 se llamó 'Medidas de agilización procesal'. Y desde luego lo consiguió, "mas a base de que los ciudadanos renuncien a su derecho a reclamar, puesto que esas reglas cercenan sus derechos haciendo cada vez más difícil al ciudadano normal su derecho de acceso a la ", apunta el abogado. Y sentencia: "¿Quién discute una multa de doscientos euros, cuando por 'pronto pago' (esto es, por no discutirla) se reduce a cien euros; y encima si pierdes, el letrado del Estado, esto es, el Estado, cobra 560 euros más la multa en su totalidad? Pues alguien que esté totalmente loco".

Todos en contra

Desde un primer momento, los abogados rechazaron el nuevo criterio del vencimiento para las costas por el carácter disuasorio que tendría para los ciudadanos, en especial los económicamente más frágiles. "Es seguro que la imposición de costas es el factor determinante y más importante en la disminución de temas, lo que resulta en especial grave porque ello pone de manifiesto una auténtica desprotección del ciudadano frente a la actuación de la Administración y, por qué no decirlo, frente a los abusos de la Administración", señalan desde el , mientras que critican que el objetivo de la reforma de 2011 "fue reducir el número de procedimientos judiciales y con esto limitar el derecho de acceso a los tribunales".

Para algunos letrados se trata aparte de una doble imposición al ciudadano, puesto que se trata de un coste que el contribuyente ya está sufragando mediante sus impuestos. "A los abogados de la Administración ya les estamos pagando un sueldo entre todos. Además de esto, muy frecuentemente la administración responde de forma completamente automática, y hasta que no recurres no se miran los papeles. Te fuerzan a recurrir cuando podría ser considerablemente más eficaz", explica Mariola Aguilar, del Colegio de Abogados de Granada.

El rechazo masivo de los abogados al principio judicial del 'quien pierde paga' ha sido respaldado aun por algún juez. Es el caso de José Ramón Chaves García, magistrado en la Sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, quien en su ha señalado la singular incidencia de este criterio en "los temas de menor cuantía, que de manera casual son los que afectan al 80 por ciento de la población". Entre estos, Chaves cita las multas de baja cuantía, problemas tributarios menores, subvenciones denegadas o bien permisos de funcionarios.

Las costas surten un fuerte efecto disuasorio para un asustado David, mientras que el Goliat administrativo persistirá indiferente

Chaves García amplió estas críticas en su en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia en abril de 2015, al afirmar que "las costas desincentivan al particular, mas no al político ni a la Administración como persona jurídica". El magistrado recuerda que las administraciones encaran el pago de las costas a cargo de los presupuestos públicos, sufragados mediante los impuestos. "Tal imposición de costas en temas de pequeña cuantía y para el ciudadano de economía media surte un fuerte efecto disuasorio para un atemorizado David, mientras que el Goliat administrativo persistirá indiferente", resumió el juez.

"Las grandes favorecidas en este tema son las administraciones públicas, que se han blindado con este sistema de costas, en detrimento de la tutela judicial efectiva. El Estado legisla desde el poder legislativo y resguarda al poder ejecutivo", añaden desde el Consejo General de la Abogacía. Y resumen: "A la postre se trata de dificultar que el ciudadano pueda defender sus derechos frente a la Administración".

Arbitrariedad de los honorarios

Hasta 2011 las condenas con pago de costas eran prácticamente marginales. abogados en inmigracion Se reservaban para casos donde el ciudadano había recurrido con temeridad y mala fe. Mas además, aunque la medida lleva ya siete años en vigor, los abogados todavía no saben a qué adherirse si sus casos son condenados en costas, por el hecho de que la cuantía de sus honorarios no está regulada y acostumbran a imponerse las totales. "Es plenamente arbitrario. Tengo casos en la Audiencia Nacional que han debido abonar 800 euros de costas y otros hasta 1.500", explica la letrada Mónica Huerta, especializada en extranjería, precisamente uno de los grupos frágiles a no recurrir por el riesgo de las costas.

No puede compararse al letrado de la calle con los del Estado, que son funcionarios y tienen detrás toda la cobertura del Estado

Sin embargo, cuando es la propia Administración la que debe abonar, sí se establece un límite a las costas que el ciudadano puede cobrar tras la sentencia: "Muchas veces no cubren para nada el costo del litigio, que puede haber durado años. No contempla ni los gastos del usuario en su defensa, ni el tiempo, ni el desgaste", agrega Huerta. Esta abogada demanda asimismo que las costas se impongan en medidas cautelares y que, de nuevo, dependa del criterio de cada juez: "Es simple saber, según el juzgado que te toque, si te va a mandar pagar costas o no. Al final, se convierte en un filtro".

"No puede equipararse al letrado de la calle", destaca el letrado de la multa de tráfico, "al profesional liberal, que debe sostener su propio despacho, con los abogados del Estado, que son funcionarios y tienen detrás toda la cobertura del Estado, y no se juegan nada".

Aparte de la minoración de casos judiciales contra las administraciones y el problema de la tasación de los honorarios, el criterio del vencimiento en el momento de imponer las costas ha tenido un tercer efecto colateral perverso: el porcentaje de sentencias en primera instancia dando la razón al ciudadano ha aumentado desde 2011. O bien como señala Mariola Aguilar, del Instituto de Abogados de Granada, "al final solo recurre el que está totalmente seguro de que va a ganar".

Reforma legal que morirá con la legislatura

Paradójicamente, el propio Partido Socialista ha presentado una , bloqueada en la Comisión de Justicia y que , para regresar a la situación anterior a la reforma legal impulsada por Zapatero en 2011 debido a "las reiteradas quejas de los trabajadores de las administraciones públicas y el trato desigual que recibían respecto de los trabajadores que llevan su demanda a la jurisdicción social, donde prácticamente no existe la condena en costas", expresa Juan Carlos Campo, portavoz socialista de Justicia en el Congreso.

"Entendemos que puede ser bueno introducir más elementos para determinar que no basta el vencimiento, sino a él debe añadirse la necesidad de que la parte vencida haya actuado de manera dolosa o bien culposa, esto es, con mala fe o bien temeridad", agrega.

Sin embargo, para el diputado andaluz la causa de la minoración de los temas judiciales en los últimos tiempos hay que procurarla tanto en la implantación de tasas judiciales en dos mil doce por parte del Gobierno de Mariano Rajoy como en la crisis económica y no tanto en el cambio de criterio aprobado en las postrimerías de la presidencia de Zapatero. "Queremos valorar si una hipotética condena en costas puede llegar a ser disuasorio para el ejercicio del derecho de acceso al proceso", apunta.

Desde el , en cambio, lo tienen claro: "Frente a los privilegios de la Administración, el ciudadano se encuentra en una situación de inferioridad y, cuando menos, se debe permitir —en realidad se debería facilitar— su acceso a los jueces y tribunales, que son los únicos que pueden protegerles en frente de los abusos".

Fe de errores: en una versión precedente del documental se señalaba que José Ramón Chaves García era magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia cuando desde hace dos años lo es del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

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